Dewayne Johnson, Julio de los Santos y Joni Guillermo. El nombre y rostro del primero –un jardinero de una escuela estadounidense– figuró por medios de todo el mundo hace algunas semanas, cuando una jueza en Estados Unidos condenó en un fallo inédito a la empresa Monsanto a pagar US$ 289 millones por no advertir a Johnson y a otros consumidores sobre los riesgos de cáncer que tenían sus herbicidas (Roundup) a base de glifosato, la sustancia activa más usada en el mundo para este tipo de productos.
Johnson fue diagnosticado en 2014 con linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos y el jurado de San Francisco entendió que los herbicidas de Monsanto contribuyeron “sustancialmente” en la enfermedad terminal del jardinero. En cambio, los casos de los uruguayos De los Santos y Guillermo no recorrieron portales alrededor del mundo, pero ambos enfrentan enfermedades crónicas producto de la interacción descuidada con glifosato.
Según el Servicio de Salud Ocupacional del Banco de Seguros del Estado (BSE), De los Santos, de 43 años, padece de neumonitis por hipersensibilidad por exposición a contaminantes químicos y orgánicos. Al extrabajador de Arrozal 33, que ofició como herrero durante cuatro años en un poblado industrial cercano a la laguna Merín, el agroquímico le cayó sobre su piel mientras limpiaba un mosquito (fumigadora de tiro que funciona sobre la tierra). Hoy De los Santos padece fibrosis pulmonar, se le agrandó el corazón por la sobreexigencia de sus pulmones y se volvió diabético, por lo que depende de la insulina.
Un estudio del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República –realizado entre 2011 y 2013 – denominado Los trabajadores arroceros de la cuenca de la laguna Merín: análisis de su situación de salud, sostuvo que existe una percepción de prevalencia de los trabajadores del arroz en cuanto a accidentes y enfermedades referidas al sistema osteomuscular, al sistema respiratorio, la piel, zoonosis y sensoriales.
Según el documento, existe una real inquietud de los trabajadores, personal sanitario y de la población en general sobre la relación entre la utilización de herbicidas (el glifosato es el más usado en cultivos de arroz y de soja) y determinadas patologías como cánceres, malformaciones y otras alteraciones endocrinológicas.
Sin embargo y a pesar de que un estudio de 2015 de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno, ante la falta de estudios en Uruguay coexisten en la actualidad dos bibliotecas al respecto, sobre todo en lo que tiene que ver en exposiciones a microdosis, lo cual no ha sido comprobado.
Sobre este punto, la directora del Departamento de Toxicología, Amalia Laborde, explicó que en el país en realidad se trabaja con una mirada del uso de agroquímicos en general, dado que la exposición de las personas es a múltiples plaguicidas sobre todo en los procesos agropecuarios, por lo que es muy difícil atribuir el diagnóstico de una enfermedad o de diferentes síntomas a un solo producto.
Por su parte, el director general de Servicios Agrícolas del MGAP, Federico Montes, dijo a El Observador que los casos complejos que aparecen son por malos usos y subrayó la necesidad de usar protección ante un insumo que es riesgoso . “Es una sustancia peligrosa y como tal, te tienes que proteger porque mal usada te perjudica”, explicó.
Montes recalcó en este sentido la importancia de trabajar en las buenas prácticas agrícolas y señaló que el ministerio lleva adelante una fuerte apuesta a la capacitación: trabajar en cómo se usa, protección, tamaño de la gotas y cuánto es adecuado implementar.
En tanto, el profesor adjunto de la sección Bioquímica del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, Claudio Martínez Debat, dijo a El Observador que en Uruguay no hay posibilidad real de hacer estudios sobre la presencia de glifosato por razones “económicas, políticas y estratégicas”, por lo que dado que Brasil y Argentina están en la misma región con sistemas de producción iguales, la tesis que maneja su equipo de trabajo es que la situación es la misma que en esos países, donde hay mayores estudios realizados.
En la OMS el glifosato está en la categoría 2A, como sustancia probablemente cancerígena. La carne roja, el mate caliente y el café ocupan la misma categoría.
“Hay datos basados en más de 850 artículos reunidos en lo que se llama la Antología toxicológica del glifosato (Argentina), que establecen que la situación a nivel de afectación de la salud y de lo medioambiental de ese herbicida está presente en todos los lugares donde se ha buscado. En el agua de lluvia, en los alimentos, en los ríos e incluso en la sangre y orina de las personas. La toxicidad del glifosato pasa por varios niveles, que puede ser aguda o crónico, y aunque es una especulaciòn sostener que es cancerígeno a nivel de microdosis, no es el centro de la cuestión. El glifosato es tóxico y este juicio en EEUU lo acaba de probar a nivel del ser humano”, apuntó Martínez Debat.
Una de las voces del medio agropecuario que más ha reclamado en el mismo orden ha sido la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU), que en los últimos años ha registrado un porcentaje muy alto de glifosato en las mieles producidas en el país, si se toma en cuenta el máximo permitido por la Unión Europea (50 partes por billón). Esto implicó que el mejor comprador en términos de volumen y precio que tenía Uruguay de ese producto, Alemania, pasara de comprar el 90% de la producción a cerca del 15%. De 191 muestras enviadas para ser analizadas en el exterior de la última zafra apícola, el 71% superó los niveles aceptados de glifosato.
Un juez federal de Brasil suspendió el pasado 3 de agosto el uso de productos que contienen el agroquímico glifosato, hasta que el gobierno revalúe su toxicidad.
Según un informe de la SAU presentado ante la Comisión de Salud del Parlamento, “prácticamente todos los alimentos que ingiere la población con una dieta occidental contienen residuos de glifosato (miel, carnes de aves y mamíferos, lácteos, cervezas, vinos, alimentos derivados de los cultivos tratados con glifosato, etc.)”. Y agrega que esta contaminación ha llegado incluso a los “alimentos orgánicos”.
“El Ministerio de Ganadería ha actuado en forma omisa y negligente en cuanto a la habilitación de los registros de los agroquímicos. No se entiende cómo en nuestro país no existe una estrategia preventiva frente a los daños en la salud de este tipo de sustancias”, cuestionó en referencia a ese punto el presidente de la SAU, Ruben Riera.
El tsunami sojero
Como país agrícola-ganadero, la economía uruguaya se sustenta en gran medida por lo que es producido en el medio rural y las divisas que entran a través de las exportaciones, que en gran parte también permiten sostener buena parte de las políticas públicas y de desarrollo que lleva adelante el país.
El boom del precio de la soja –llegó a valer más de US$ 500 la tonelada– a nivel mundial sustentado en gran medida por la demanda China, llevó a que este cultivo sea la vedette de la agricultura uruguaya hasta el día de hoy.
Los beneficios de la utilización de agroquímicos fueron tan notorios que el modelo de producción agropecuario comenzó a priorizarlos y en los últimos 17 años las importaciones aumentaron al doble. De acuerdo a datos de
Aduanas, en 2014 se importaron 15 mil toneladas de glifosato, mientras que en 2004 habían entrado al país 9.554 toneladas del herbicida. Para Montes, esto implicó que se pasara de no tener casi agricultura a plantar soja en áreas donde no correspondía, que además tomó desprevenidos a los controles, lo que provocó “un montón de problemas”.
Según la perspectiva de la cartera, hubo un pico de demanda del agroquímico de 2012 a 2014, pero después hubo una baja violenta. “Cuando la soja dejó de valer US$ 500 se acabó la locura. Y los grandes desastres aparecieron durante ese período. Ahora pasamos a un punto de equilibrio en donde se planta en donde se tiene que plantar y nadie va a producir soja en áreas donde no corresponde como pasó. En pos del aumento de la productividad hubo un exceso en el uso que además provocó el aumento de la maleza resistente. Es el principio básico de la agronomía el que debe imperar, en relación a rotación de cultivos y manejo de suelos. Vale la pena retomar esa línea”, dijo Montes.
Sin embargo, otra de las voces más críticas que por estos días acapararon medios uruguayos para referirse al glifosato, fue el integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social, Eduardo Gudynas, que reclama por una cambio de postura por parte del MGAP y de los agentes del desarrollo rural, “que insisten en seguir promoviendo el herbicida, en minimizar las denuncias de sus impactos, y en asumir que bastan los manuales de buenas prácticas para controlarlo”.
En diálogo con El Observador, Gudynas manifestó que se están «viendo los crecientes problemas de contaminación ambiental, los serios riesgos en la salud pública y como la opinión pública internacional cada vez desea menos alimentos con glifosato, que en cualquier momento podría desembocar en barreras sanitarias a las exportaciones del país, como ocurrió con la miel».
En la misma línea, Martínez Debat dijo que hay que empezar a discutir el paquete tecnológico asociado al sistema de agroproducción, y considerar de una vez la agroecología como opción. «El glifosato tiene los días contados y su prohibición va a venir como un reguero en todo el mundo. El modelo tal cual está planteado no es sustentable. La pregunta es: ¿cuál es la propuesta alternativa que tiene la industria para esto?», se preguntó el académico.
Las Cifras
En 2012 fue publicada una cartilla para trabajadores del arroz, en la cual se alerta sobre riesgos, formas de prevención y reglamentación sobre la salud en ese trabajo.
166 denuncias por mal uso de agroquímicos hubo en Uruguay en 2017, según datos del MGAP. El 50% de las faltas constatadas se debió a derivas fuera del área de aplicación.
8.000 demandantes están ahora involucrados en el juicio contra Monsanto en Estados Unidos, número que aumentó en casi 3.000 querellantes luego de la sentencia a favor de Dewayne Johnson.
5 años fue el tiempo por el que prolongó a fines de 2017 la Unión Europea la licencia del glifosato, después de que 18 países votaran a favor y que algunos, como Francia e Italia, lo hicieran en contra.
Fuente El Observador